A este respecto, parece que si bien es cierto que la empresa está en su derecho de utilizar las medidas de control y vigilancia que considere, la instalación de cámaras de videovigilancia debe ser informada a los trabajadores en todo su alcance, es decir, si las cámaras graban la imagen y el audio en el lugar de trabajo, la empresa deberá poner ambas particularidades en conocimiento de los empleados.

En el mismo sentido, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inclina por considerar que la videovigilancia es una medida empresarial de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, pero que debe diferenciarse de la videovigilancia oculta que se lleva a cabo sin conocimiento de los trabajadores.

En consecuencia, el hecho de no advertir a los trabajadores que dichas cámaras de videovigilancia graban la imagen y el sonido con fines de control y posible utilización en el ámbito disciplinario laboral, podría no ser proporcional ya que afecta directamente al derecho a la intimidad y al derecho al secreto en las comunicaciones de los empleados. Por tanto, la instalación de cámaras de videovigilancia que recojan imágenes y audio es admisible únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, los bienes y las personas derivadas de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad y el de intervención mínima, así como las garantías previstas en la normativa de protección de datos.